Columna de opinión

22/03/2013

La nueva acreditación universitaria

Mario Waissbluth, Profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y Coordinador Nacional y Presidente de la Fundación Educación 2020.
 

La nueva acreditación universitaria

En estos días se discute en el Congreso el proyecto de Ley que mandó el gobierno, para un nuevo sistema de acreditación y la creación de la Agencia que lo administrará. Constituye un avance, disminuyendo de manera relevante los potenciales conflictos de interés, y sobre todo haciéndola obligatoria.

Sin embargo, este avance genera a la vez dudas. La primera se deriva de que el acto de acreditación de instituciones (universidades, institutos y centros) y de sus carreras se hace de una sola vez. Se recurre al expediente de realizar simultáneamente el proceso de acreditación institucional y de las carreras. Para ello, se evalúan obligatoriamente, junto con la situación general de la institución, las carreras de medicina y pedagogía, y dos carreras elegidas al azar. Dos.

Una universidad grande o Instituto con 10 Facultades y 40 carreras, además repartidas en 8 Sedes, será evaluada en… dos carreras. Supuestamente, esto hará que las entidades se apresuren a mejorarlas todas para no correr el riesgo de perder la acreditación, sobre todo porque ésta les da derecho a jugosos recursos fiscales.

Como fruto del libertinaje de mercado, muchas instituciones de las más cuestionables, iniciaron hace años una expansión desenfrenada de sedes y carreras, en muchos casos de calidad vergonzosa. Una consulta al SIES del MINEDUC muestra que hoy tenemos en Chile 2050 programas acreditados (muchos por sólo 2 o 3 años) y… 14.410 no acreditados! El tamaño promedio de carreras en diferentes sedes en Chile es de… 70 alumnos en total, muchas con 20 o 30.

¿Es creíble que en los próximos dos años 14.410 carreras van a poder mejorar su calidad al punto de acreditarse por 3 años provisionales, el mínimo que establece el proyecto? El 85% de ellas no pide PSU o ningún otro requisito de admisión, salvo por supuesto mostrar las letras de pago, y es una verdadera trampa para el 40% de estudiantes de aquellos que al egresar de Media no lograron entender lo que leen ni calcular una tasa de interés. La heterogeneidad que se generó en este sistema de libertinaje de mercado es asombrosa, no sólo ENTRE instituciones, sino también DENTRO de las instituciones, sobre todo cuando comenzaron a crear sedes de manera descontrolada.

La manoseada excusa de muchos es que le están dando una oportunidad a los jóvenes de menos recursos, lo cual por supuesto suena muy bien. Lo que no dicen es el % de alumnos que deserta, cuánta plata les sacaron en el camino y sobre todo, cuando egresan, qué porcentaje de ellos tiene un nivel aceptable de comprensión de lectura o de operaciones aritméticas sencillas.

En opinión de Educación 2020, si hay UN estándar no negociable para la acreditación de cada carrera universitaria o de CFT, fíjese la barbaridad que digo, es que sus egresados puedan superar una prueba SIMCE de lenguaje o matemáticas de 2º Medio con 300 puntos. Simple. Nada más ni nada menos. Tan sólo esa exigencia ocasionará el fin de muchos negociados. En la prueba SIALS de 1998 el 43% de aquellos CON EDUCACION SUPERIOR TERMINADA sólo tenía capacidades aritméticas elementales, y sólo un 8%, (sí, leyó bien, 8%) demostró comprensión total de lectura. ¿Cómo saldrán los resultados de la actualización de la medición que hoy se está haciendo, después de esta indiscriminada y libertina expansión?

Analicemos ahora la heterogeneidad intra-institucional. Analizando sitios web al azar, encontramos un Instituto Profesional de respetable tamaño que tiene 5 escuelas, con 11 carreras acreditadas y 26 no acreditadas. Su Escuela de Diseño parece ser lo mejor, con 2 carreras acreditadas por 5 y 4 años, y sólo 2 carreras sin acreditar. Pero su Escuela de Ingeniería y Gestión tiene 4 carreras acreditadas por dudosos 2 años, y 12 sin acreditar.

Supongamos que los criterios que establecerá la Agencia serán rigurosos. Si una Universidad o Instituto, y sus carreras, son acreditadas simultáneamente por 6 años, es porque lo merecen. Y si fue por 3 años provisionales también. ¿Cómo le va al referido Instituto Profesional en este proceso, aun suponiendo que en los próximos dos años se puso las pilas? Si el sorteo recayó en dos carreras de Diseño, capaz que quede acreditado por 6 años, con un montón de carreras de dudosa calidad metidas en el mismo saco… con créditos con aval del Estado. En el otro extremo, si tuvieron la mala suerte de que se sortearon únicamente carreras de Gestión, queda rechazada la acreditación y tenemos otro incidente como la U. del Mar, pero esta vez multiplicado por unas 20 a 30 entidades, con 100 o 200 mil estudiantes damnificados.

Agreguemos a esto que la distinción única entre 3 y 6 años va a meter en el mismo saco Universidades como la PUC y la U de Chile, que el año 2011 tuvieron 1195 y 1384 publicaciones internacionales arbitradas respectivamente, con la Universidad de la Serena y la Universidad Católica del Maule que tuvieron 69 y 19 publicaciones. ¿No merece la ciudadanía y los estudiantes conocer distinciones más precisas respecto al lugar donde ingresarán?

Este esquema no toma en consideración la brutal heterogeneidad acumulada en 20 años de libertinaje. Tal vez en una década el sistema podrá “darse el lujo” de generar estos sistemas aleatorios, teóricamente útiles para un sistema sano, pero no para uno enfermo como lo está hoy. Por cierto, no me malentienda, nosotros creemos en la diversidad de proyectos universitarios y de educación superior. Pero el esquema previsto en el proyecto de Ley, con todo respeto, es inadecuado.

Hay más. Si, como esperamos, el nuevo sistema introduce criterios suficientemente rigurosos, es estadísticamente probable que a 10, 20 o 30 entidades se les niegue la acreditación, en cuyo caso sólo se les permitirá continuar con los alumnos ya ingresados, durante 3 años. El problema es que esas entidades comenzarán a sufrir una crisis financiera, y varios de sus dueños han mostrado conductas cuestionables. ¿Vamos a tener entonces 10, 20 o 30 casos como la U del Mar? ¿Quién protege a decenas de miles de estudiantes, sino centenas de miles, del caos que han vivido los damnificados de esa universidad?

Lo repetiremos de una columna anterior: “Administrador Universitario Provisional” . Los Senadores Muñoz Aburto, Chahuán y Escalona, y por otro lado Zaldívar, Lagos Weber y Walker, han planteado propuestas de absoluto sentido común. Consenso político transversal.

Ellos propusieron la figura legal de un administrador provisional designado por MINEDUC, y las causales para nombrarlo son, casi textualmente:

a) Cuando se haga imposible la mantención del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones o retiros.
b) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones o de las cotizaciones previsionales o de salud.
c) Cuando se suspendan reiteradamente los servicios básicos para el buen funcionamiento.
d) Cuando la institución pierda la acreditación institucional o ésta se otorgue por un período igual o inferior a tres años y exista riesgo de interrumpirse las actividades académicas.

Esta moción es tan obvia, que este mismo gobierno ya dispuso el nombramiento de un administrador provisional, designado por la Superintendencia de Educación, para el caso de establecimientos escolares que presenten irregularidades graves, que pongan en riesgo su continuidad.

Incomprensiblemente, el gobierno hizo caso omiso de estas mociones. Posiblemente influyó su temor casi religioso a la intervención en los asuntos del mercado. Es en realidad la única salida para un proceso de consolidación de la educación superior que será inevitable y traumático, y en el cual el dar “continuidad de giro” y confianza a los estudiantes, al menos por un tiempo, es esencial. Después se verá si la entidad se cierra, fusiona o vende, como en cualquier quiebra.

Otro día me referiré a los problemas que contiene el diseño institucional de la Agencia de Acreditación. La presentación de E2020 en el Senado sobre este proyecto de Ley está aquí .

Esta ley de Acreditación es imprescindible, y es urgente, pero tal como viene formulada por el MINEDUC trae severos defectos e incomprensibles omisiones. No hay que detenerla, hay que corregirla a la brevedad, para ponerle coto al libertinaje.

Columna publicada el viernes 15 de marzo en el portal LaTercera.com